jueves, 20 de noviembre de 2008 |Hora: : :

EL TEMA


EL GOBIERNO PRETENDE DEROGAR LA LEY QUE GRAVA EL DESVIO DE AHORRO ENTRERRIANO HACIA OTRAS JURISDICCIONES

Fecha Publicación: 20/11/2008  08:00  
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– El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley que deroga la norma donde se establece que las entidades financieras deben tributar al Estado por los recursos captados en la provincia y que no son volcados nuevamente a créditos en Entre Ríos • La iniciativa, que además establece una generosa moratoria para que los bancos puedan pagar las deudas con el fisco por este concepto, tomó estado parlamentario durante la sesión de Diputados • Durante el 2007, este impuesto generó recursos por $ 3 millones, según los datos de la Dirección de Rentas a los que accedió Valor Local
Ley 8.293
Ley 8.293

El proyecto remitido por el Ejecutivo a Diputados establece en su primer artículo: “Deróguense las Leyes Nº 8.293 y el Capítulo IV de la Ley Nº 9.376, así como toda otra norma que se oponga a la presente”. La primera norma es la que establece el impuesto a la capacidad prestable, la segunda hace referencia al acuerdo de agente financiero que firmó en su momento la Provincia con el Bisel cuando era dueña del Bersa, durante la última gobernación de Sergio Montiel.

La 8.293 tiene un claro signo progresista: busca que el ahorro entrerriano se canalice hacia el interior de la provincia imponiendo un gravamen de hasta el 1,5% al monto resultante de restar a los recursos captados por las entidades bancarias en Entre Ríos lo que efectivamente prestan a las personas, empresas e instituciones radicadas en el territorio provincial. Así, encarece a las entidades financieras el uso fuera de la jurisdicción del dinero que los entrerrianos bancarizan.

Fue aprobada por la Legislatura en noviembre de 1989 (durante el primer mandato como gobernador de Jorge Busti) e impone “un gravamen de hasta 1,5% a la capacidad prestable neta generada con recursos locales y no utilizada en la provincia, en forma mensual” a las entidades financieras “que se encuentren radicadas en jurisdicción provincial”.

El artículo 2º de la norma define la manera en que se va a calcular el impuesto: “La base imponible (suma gravada por el tributo) estará determinada por la diferencia positiva entre la capacidad prestable generada por los recursos captados en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos y las aplicaciones que de ella se haga entre personas físicas, jurídicas o entes con radicación permanente y con actividad económica desarrollada en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.

La 8.293 aclara en su artículo 3º que “tanto la capacidad prestable, la aplicación de los recursos y la determinación de la base imponible se calcularán respetando las normas que al respecto establece el Banco Central de la República Argentina”

Yendo a un ejemplo sencillo: durante el mes de octubre, el Banco XXX recibe en sus sucursales entrerrianas depósitos por $ 1.450 y durante el mismo lapso presta a empresas y personas $ 450. Así, hay recursos captados por $ 1.450 y aplicaciones por $ 450. El Banco Central, además, establece según la política monetaria que lleva adelante, que una parte de los depósitos queden a resguardo y no puedan ser prestados (lo que se denomina técnicamente “encaje”). Fijando el encaje en $ 100, el impuesto se calcula, pues, sobre los $ 900 restantes. La cuenta sería: Depósitos_______________ $ 1.450 Préstamos_______________ - $ 450 Encaje__________________ - $ 100 Resultado _______________ - $ 900 (sobre los que se calculará el impuesto a la capacidad prestable).

Si se elimina este tributo, para las entidades bancarias no habrá diferencia entre prestar a una empresa del parque industrial de Paraná o de Gualeguaychú o a un productor de Gualeguay que a una firma de Capital Federal o de Rosario. Hoy el impuesto les encarece un tanto la operación. En resumen: la derogación de la 8.293 favorecerá más la concentración de recursos financieros en los grandes centros. • Y más

Pero el proyecto no se detiene allí. Además, propone establecer un “régimen especial de facilidades de pagos” (una moratoria), de hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de financiación del 2% mensual, para la “regularización de deudas provenientes del impuesto a la capacidad prestable devengadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley”.

Durante el año 2007, este impuesto aportó al Tesoro provincial un total de $ 3.414.149. En lo que va del año en curso, la cifra llega a $ 1.046.509 • Fundamentos

En la fundamentación de la decisión, el Ejecutivo apuntó que el 8 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la Provincia “se abstenga de ejecutar al banco Credicoop” el cobro del impuesto.

Por otra parte, reconoce que la fiscalización de este tributo “resulta sumamente compleja, existiendo obstáculos tales como el prolongado tiempo de demanda una inspección, que derivan en la imposibilidad de una percepción efectiva del mismo en tiempo y forma, cuestión que genera un costo significativo en la administración tributaria”.

“Las circunstancias no coadyuvan a la optimización de la afectación de los recursos humanos de los que se dispone para la correcta fiscalización para el fisco”, precisa el Ejecutivo en sus fundamentos, según reprodujo AIM. • Datos - Tienen leyes de similares características las provincias de Salta (Nº 6573), Chaco (Nº 5.800) y Jujuy (N° 4.254). - Los bancos habilitados a funcionar en Entre Ríos son 16.
 20 de Noviembre (Por J.B. | Valor Local)


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