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SAGLIONE: SANTA FE ES CASTIGADA POR SU DISCIPLINA FISCAL

Fecha Publicación: 05/11/2018  08:00  
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El titular de Hacienda dijo que la provincia pierde recursos con el presupuesto nacional y que en 2019 buscará preservar la obra pública y los salarios

"En un contexto difícil, con actividad económica en caída y quita de recursos por parte del Estado nacional es difícil hacer un presupuesto para el año que viene, pero vamos a tratar de hacerlo respetando el espíritu que siempre hemos tenido que es no usar el salario como variable de ajuste y no recortar la obra pública". Así lo planteó el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, quien aseguró que a mediados de noviembre el Ejecutivo enviará a la Legislatura la proyección de gastos e ingresos para el año próximo.

El funcionario respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de la provincia de avanzar con una suba de impuestos a agroexportadoras y los bancos. "Si estamos en un momento en el que la economía argentina tiene que ajustarse, que ese ajuste no recaiga sobre los sectores con menor capacidad de soportarlo como son los usuarios del sistema de transporte público", dijo y aunque detalló que la iniciativa "va en el sentido correcto", de todos modos, "no permite compensar ni por asomo la pérdida de subsidios", agregó.

—¿Cómo queda Santa Fe con el proyecto de presupuesto nacional que obtuvo media sanción de la Cámara baja de la Nación?

—En el presupuesto se ratifican algunas decisiones propuestas por el poder ejecutivo que no compartimos desde la provincia y que impactan fuertemente sobre santa fe. Básicamente la eliminación de los subsidios al transporte, del subsidio para mantener la tarifa social eléctrica y el hecho de que se le da rango de ley a la eliminación del fondo sojero, que ya entró en vigencia desde agosto de este año. Si hablamos de la tarifa social eléctrica, en Santa Fe alcanza aproximadamente a 210 mil usuarios y significa a valores actuales un monto de 2.500 millones de pesos por año. El otro capítulo es el subsidio al transporte urbano e interurbano. El presupuesto 2019 sostiene los subsidios al transporte en el área Metropolitana de Buenos Aires y los elimina en el interior de país. Ese era el proyecto del Ejecutivo. Gracias al reclamo que hicimos desde diferentes provincias se logró incorporar un remedio muy parcial, que es la incorporación de un artículo a través del cual se dispone de una partida de 6.500 millones de pesos para el transporte en el interior para el total de las provincias, mucho menos que el actual. Y con un esquema de reparto muy poco claro. No se define claramente cuánto de ese monto van a recibir los municipios de Santa Fe y los de otras provincias. Estamos pidiendo precisiones porque es un dato fundamental para la elaboración de nuestro presupuesto provincial de 2019. La tercera decisión que impacta en la provincia es la eliminación del fondo sojero. A números 2018 (en 2019 hubiera sido mucho más con el nuevo tipo de cambio). La provincia pierde unos 2.500 millones de pesos anuales. Con estas tres cosas, el presupuesto 2019 le recorta a Santa Fe más de 8.000 millones de pesos. pero el impacto negativo no termina ahí. También ratifica las decisiones tributarias tomadas en agosto de este año por el ejecutivo respecto del impuesto especial de 3 y 4 pesos por dólar exportado. La provincia aporta el 23% de las exportaciones del país, según datos del Indec de 2017, siendo que representa el 8% de la producción nacional. Tenemos un perfil mucho más exportador que el resto de las provincias argentinas, con lo cual un impuesto sobre la exportación nos pega más. No lo hace en forma directa sobre el presupuesto provincial, pero sí sobre la economía santafesina y por ende, sobre el presupuesto. Entre retenciones a la soja, más impuesto especial sobre las exportaciones, de la economía santafesina van a salir el año que viene 90 mil millones de pesos que no se van a coparticipar. Eso va a la Nación y vuelve cero peso a la provincia. Para dimensionarlo, es casi la mitad del presupuesto provincial 2018, sólo aportados por los impuestos al comercio exterior, sin incluir IVA, ganancias o impuesto al cheque.

—Aumenta la presión impositiva pero baja la coparticipación.

—El presupuesto nacional supone que mucho más recursos de la economía santafesina serán captados por el Tesoro nacional. Y que hará menos recursos aplicados desde el gobierno nacional en Santa Fe. En transferencias y en obra pública nacional en la provincia. Cuando uno mira el reparto de la obra nacional, que además se ajusta respecto de 2018 total país, en el reparto Santa Fe recibe aproximadamente el 6% de las partidas, por debajo de lo que la provincia representa en el país y muy por debajo de lo que aporta en materia de nuevos impuestos. Además, en la realidad se termina ejecutando mucho menos de las partidas previstas. Por ejemplo, en lo que va de 2018 (a septiembre), la ejecución en 9 meses es decir, tres cuartas partes del año, la Nación lleva ejecutado el 35% del monto que el presupuesto de este año preveía para obras en Santa Fe. Son 5.590 millones de pesos previstos y ejecutados unos 2.200 millones en números redondos. Otro elemento negativo del presupuesto, que no es privativo de Santa Fe , es la descapitalización del Banco Nación Argentina, una entidad sumamente importante para el financiamiento de las actividades productivas. El presupuesto prevé 15 mil millones de pesos del BNA que vayan al Tesoro nacional. Eso supone una reducción de capital del banco, que se acumula con lo que se hizo en 2018 que fueron otros 20 mil millones de pesos. Y lo último, al menos dentro de lo más relevante, es la diferencia entre la propuesta que hicimos no sólo Santa Fe sino varias provincias en cuanto a gravar la riqueza en el exterior, contra lo que se termina aprobando, que es un impuesto contra el capital de las cooperativas y mutuales. Proponíamos un impuesto del 1% a la riqueza de algunos pocos miles de argentinos acumulada en el exterior que claramente no generan actividad productiva en la Argentina. Salió en el presupuesto un impuesto de entre el 4 y 6% del capital, según el monto de capital que disponga, a las cooperativas y mutuales que no hacen otra cosa que promover la producción en el país. Ahí se muestra la contradicción entre dos modelos de sociedad distinta.

—¿Cuánto representaba la recaudación de la propuesta de gravar a las colocaciones en el exterior?

—Según estimaciones de funcionarios del Ministerio de Interior y Economía, al inicio de la discusión presupuestaria, aproximadamente había una base imponible de 100 mil millones de dólares de riqueza de argentinos en el exterior. Con una alícuota del 1% se supone que se hubiese generado una recaudación del orden de los 1.000 millones de dólares, que al tipo de cambio de $40 que es lo previsto en el proyecto de presupuesto, representaban 40 mil millones de pesos. Que, además, se coparticipaba. Nos habría permitido parcialmente compensar la quita de subsidios al transporte o a la tarifa social eléctrica. Lamentablemente en lugar de ir por esa vía se optó por gravar a las cooperativas y mutuales.

—Finalmente, se aprobó una reforma de Bienes Personales, excluyendo el impuesto a los bienes del exterior, y a las cooperativas. ¿Cuánto recupera la provincia con el nuevo esquema impositivo?

—No se nos dio información. Alguna consultora privada que estimó más o menos la recaudación adicional que generan los cambios en los impuestos sobre bienes personales, que para Santa Fe representaría aproximadamente 1.000 millones de pesos más en el ejercicio de 2019. Una parte queda para la provincia y 13% se coparticipa a municipios y comunas. Pero esa es una estimación privada, no del Ministerio de Economía de la Nación.

—¿El Ejecutivo santafesino acompaña la media sanción en la Legislatura del proyecto para gravar a sectores como bancos y agroexportadoras e incrementar el fondo de subsidio al transporte? ¿En qué medida compensa lo que pierde la provincia?

—Esta media sanción hace dos cosas: por un lado, capta recursos del Tesoro provincial y los afecta a este destino. Afecta un mayor porcentaje de lo que recauda por impuesto a los Sellos al fondo del transporte. Actualmente era el 5% y lo eleva al 10%, lo duplica. Por otro lado, incorpora una modificación al impuesto que pagan dos sectores económicos beneficiados del actual modelo y que sólo alcanza a las empresas grandes de ese sector. Porque en Santa Fe está vigente la ley de estabilidad tributaria contemplada en la ley pyme, que la extendimos más allá de lo que aplica a nivel nacional. De modo que todas las pymes no se ven afectadas. Esto sólo afecta a las muy pocas y grandes empresas. En el caso de las cerealeras suponen el incremento de la alícuota de ingresos brutos que pagan por la actividad de acopio. Tengamos presente que los gobiernos provinciales no podemos gravar las operaciones de comercio exterior. Entonces la alícuota que se aplica es sobre la fracción de la actividad que se desarrolla en el mercado interno. Y por otra parte, se incrementa el monto de impuesto inmobiliario que tienen que pagar los bancos por los inmuebles que tienen afectados a la actividad en la jurisdicción de la provincia. Ambas medidas tributarias podrían representar entre el 5% y 10% de los 3.600 millones de pesos que perdemos de subsidios al transporte. Si estamos en un momento donde la economía argentina tiene que ajustarse, que ese ajuste no recaiga sobre los sectores con menor capacidad de soportarlo. Como por ejemplo, los usuarios del sistema de transporte público. Va en el sentido correcto pero no permite compensar ni por asomo la pérdida de subsidios.

—Algunos legisladores hablaron de una cifra cercana a los 800 millones de pesos.

—Sí, esa suma sería el fondo, que incluye la duplicación de la afectación del impuesto de Sellos. Ese es un recurso que hoy la provincia ya tiene, y en lugar de destinarlo a otro fin, lo pasa al fondo de transporte. No es la suma total por la modificación tributaria.

—En el actual contexto contractivo, ¿el presupuesto provincial tendrá un sesgo distinto al que venían teniendo hasta ahora?

—Estamos todavía en el proceso de formulación. Estimamos poder elevar a mediados de mes el proyecto. Estamos a la espera de respuestas nacionales en cuanto a cómo se va a repartir ese subsidio de 6.500 millones de pesos para el interior del país en materia de transporte. No es lo mismo que digan que 2.000 millones son para Santa Fe, a que digan que son mil millones. La premisa que tenemos del gobernador es sostener el plan de inversión pública, que fue un elemento distintivo de nuestra gestión. Es importante hacerlo no sólo por el impacto positivo que la obra pública genera una vez finalizada, sino también por el que tiene durante la etapa de ejecución. Mucho más en un momento tan recesivo de la economía argentina. De hecho, cuando miramos para atrás observamos que mientras el empleo en la construcción en Argentina cae, en Santa Fe sube. Eso es explicado básicamente por la decisión de sostener la obra pública. Que además se financia con recursos provinciales, o con organismos internacionales. Vamos a tratar de formular un presupuesto para 2019 que respete este espíritu. En un contexto de quita tan fuerte de recursos por parte del gobierno nacional, el desafío es muy grande, porque en Santa Fe, a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, aplicamos la cláusula de resguardo salarial a los trabajadores del sector público. Eso también nos supone un compromiso de afectación fuerte de recursos para el próximo ejercicio, en base a los incrementos que ya venimos otorgando en 2018. Vamos a tratar de respetar en el presupuesto el espíritu que siempre hemos tenido. No usar el salario como variable de ajuste de la economía, y no recortar la obra pública.

—¿Habrá alguna suba de impuestos?

—En impuestos vamos a avanzar en 2019 con los compromisos asumidos en materia de disminución sobre Ingresos Brutos sobre determinadas actividades económicas. Esto lo estamos terminando de cerrar en las próximas semanas en el marco de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario que viene funcionando desde 2016 en la provincia. Nosotros aún estamos dentro del consenso fiscal, pero amén de eso tenemos la discusión propia. En rigor, en Santa Fe nos anticipamos al consenso. Por ejemplo, impulsamos el régimen simplificado para pequeños contribuyentes de ingresos brutos. Hoy tenemos 130 mil inscriptos. El 70% de los contribuyentes santafesinos son chicos y están ahí, lo que supuso un cambio significativo sobre la forma y el monto del pago del impuesto. De modo que en Santa Fe bajamos el impuesto a los Ingresos Brutos mucho antes de que viniera el consenso fiscal. Quedan todavía compromisos pendientes de cumplimiento en el marco de ese acuerdo que van a ser tenidos en cuenta de cara a la ley tributaria 2019. En Santa Fe rige la ley pyme y eso significa estabilidad tributaria. El 98 o 99% de los contribuyentes son pymes. Para ellos no hay aumento alguno de impuestos. Lo que sí nos debemos una discusión sobre cómo se modifican los montos del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural para el próximo ejercicio, en un escenario donde tenemos una economía fuertemente inflacionaria.

—¿Qué están pensando?

—En 2018 el aumento del impuesto inmobiliario estuvo entre 25 y 30% respecto de 2017 para propiedades de menor y mayor valor respectivamente. Este año estamos teniendo una inflación estimada en un piso del 45%. Evidentemente perdió entre 15 y 20 puntos porcentuales respecto de la inflación. No podemos recuperar eso en un ejercicio, pero al menos tenemos que tratar de que no siga perdiendo valor real el inmobiliario. Con esa premisa estamos analizando cuál sería el porcentaje que corresponde aplicar para el impuesto en 2019 con un elemento que entendemos no es menor, que tiene que ver con la sanción de una ley inédita, que es el descuento del 10% al contribuyente ejemplar. Dado el monto que le corresponda pagar, aquellos contribuyentes que hayan tenido el impuesto al día en los últimos tres años (2015, 2016 y 2017), en 2019 van a tener un descuento del 10% en el monto que les corresponda pagar. Eso ya tiene media sanción en Diputados y estimamos que pronto será convertido en ley. Es un gesto en favor de aquellos que hacen el esfuerzo de mantener el impuesto al día. A su vez, damos una facilidad de pago a los que acumularon deuda. Proponemos planes de pago, no moratoria. No le perdonamos los intereses por pagar fuera de término, pero sí le damos facilidades para ponerse al día. Y les damos herramientas a municipios y comunas para que sean ellos los que gestionen el cobro con un aumento del porcentaje de coparticipación que ahora es de 50% y pasará a 60%.

—¿Cuanto es la deuda por inmobiliario?

—Santa Fe tiene hoy un stock de deuda de 3.600 millones de pesos de contribuyentes con el inmobiliario urbano y rural. El impuesto se coparticipa un 50% a municipios y comunas, en el proyecto proponemos elevarlo a 60%, un 10% más. Estamos entregando así 360 millones de pesos a favor de municipios y comunas. Pero con el adicional de que cada municipio se va a quedar con lo que se cobre de su jurisdicción. Todo el esfuerzo que haga el intendente en cobrar la deuda, va a quedar ahí. Premia la eficiencia para cobrar.

—¿En este contexto se logra sostener el equilibrio presupuestario?

—Es un gran desafío, porque no podemos asimilar un impacto tan grande de una pérdida de recursos por 8.000 millones de pesos, sólo por esos tres conceptos. Siempre tuvimos como premisas en las tres gestiones del Frente Progresista el equilibrio presupuestario. Esto que hoy se discute en la Nación, en Santa Fe fue una constante durante 12 años de gobierno, y antes también. La provincia se caracterizó por la prudencia en el manejo de las cuentas públicas. No es casual que sea la menos endeudada del país. Santa Fe tiene una cuarta parte de la deuda per cápita que tienen las provincias vecinas, o en relación a su presupuesto. Eso es fruto de que tuvimos equilibrio presupuestario a lo largo del tiempo. Nosotros consideramos equilibrio presupuestario tener un año déficit, otro superávit. No se trata de cerrar todos los años con equilibrio exacto. Lo que sí entendemos es que no podemos acumular déficits consecutivos en el tiempo porque eso acumula deuda. Lo que no hacemos nunca es anteponer el equilibrio presupuestario como objetivo de política pública. Creemos que hay que garantizar una administración financiera que permita sostener los objetivos de las políticas públicas que llevamos adelante. No gestionamos una empresa privada que busca un resultado económico, gestionamos una administración pública que tiene objetivos de política que tienen que ver con la educación, la seguridad y la salud. Pero poder cumplir estos objetivos requiere recursos y debemos tener una administración financiera que nos permita garantizarlos. En nuestra gestión tuvimos superávit 2016, déficit en 2017 y al momento estamos con un leve superávit en la ejecución de 2018. Es un desafío poder sostenerlo para 2019 en un escenario con recortes tan fuertes del gobierno nacional y con una actividad económica en caída.

—Los últimos datos del Iaraf muestran una caída en septiembre de la coparticipación.

—Es muy interesante. El informe muestra que en septiembre de 2018 contra el mismo mes de 2017 todas las provincias perdieron coparticipación en términos reales, excepto provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra esas cosas peleamos desde Santa Fe Hoy vemos que lo que hacen los legisladores nacionales o incluso provinciales de Cambiemos, es idéntico a lo que hacían cuatro o cinco años atrás los del Frente para la Victoria. En lugar de defender a Santa Fe, a la provincia que representan, se enojan con quienes lo hacemos. Tenemos que defendernos como provincia, en la construcción de un país federal, que debe buscar un desarrollo equilibrado . Pero si el aporte lo estamos haciendo a favor de Caba, que es distrito más rico del país, evidentemente vamos contramano de construir un país federal.

—La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió actualizar los montos del Fondo del Conurbano.

—En la última reunión que tuvo el presidente con todos los gobernadores, donde fui en representación del nuestro, la gobernadora de provincia de Buenos Aires consideró que creía que era justo ajustar el monto, pero luego no hubo una mesa de discusión sobre eso. Tengamos presente que el consenso fiscal ya prevé para 2019 que Buenos Aires va a recibir 23 mil millones de pesos más por ese concepto que lo que recibió en 2018. Pide por encima de lo que ya tiene. Este año son más de 44 mil millones y pasa a 61 mil millones el que viene. Sobre eso quería más.

—Vidal reclama que perdió recursos en la discusión presupuestaria y reclama nuevos fondos.

—Es interesante observar la contradicción. Provincia de Buenos Aires reclama por un ajuste de un monto que se le fue otorgado en el consenso fiscal de 2017, el mismo que decía que el 31 de marzo de 2018 Santa Fe debía acordar el pago de la deuda. El gobierno de esa provincia tiene en dos años, 105 mil millones de pesos adicionales. Santa Fe tuvo cero en los mismos dos años. Buenos Aires lo obtuvo en el marco de una discusión política sin un fallo de la Corte y en el caso de Santa Fe, con un fallo que ordena al Estado nacional pagar, y con un compromiso firmado por la Nación. Y van a pasar cuatro años de la gestión de gobierno sin recibir un peso. Ojalá yo estuviese discutiendo con el gobierno nacional el ajuste por inflación de lo que me iban a pagar. Hoy lo que estamos discutiendo es cuándo nos van a pagar.

—¿Están previendo tomar deuda?

—Como premisa del Frente Progresista mirando a largo plazo, hemos trabajando y lo seguimos haciendo en diversificar las fuentes de financiamiento de la provincia. Creemos que eso es un activo. Cuando llegamos al gobierno en diciembre de 2007 Santa Fe tenía una historia de trabajar con dos organismos: el Banco Mundial y el BID. No tenía otra fuente disponible. En estos once años trabajamos fuerte en diversificarlas, en presentar a Santa Fe como sujeto de crédito en diferentes espacios. Eso nos permite hoy a casi once años de gobierno tener varios organismos internacionales que conocen a la provincia, estudiaron sus finanzas, y nos ofrecen financiamiento: el Fondo de Kuwait, el de la Opep para el Desarrollo Internacional (Ofid), el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, recientemente la Agencia Francesa para el Desarrollo nos ofreció un préstamo por 100 millones de euros, donde estuve días atrás; la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial. Estamos hablando de cinco nuevos organismos que se vincularon con Santa Fe en estos años y hoy con todos tenemos operaciones de financiamiento en ejecución o en gestión. Y además, el mercado de capitales. Salimos a emitir títulos públicos. Eso nos permitió instalar a la provincia como sujeto de crédito con mucho éxito, porque las condiciones que logramos, tanto en el mercado de capitales como con los organismos internacionales, son muy favorables. Son préstamos de largo plazo con mucho tiempo para amortizar y con baja tasa de interés comparativa con cualquier otro crédito que haya tomado otra jurisdicción. De cara a 2019 estamos pensando en avanzar con el mercado de capitales si las condiciones financieras lo permiten. Hoy tenemos media sanción de Cámara de Senadores a la posibilidad de emitir títulos por otros 500 millones de dólares, que está en tratamiento en Diputados. La coyuntura macroeconómica argentina hoy no permite acceder a condiciones favorables, con lo cual eso quedará en carpeta hasta que se pueda avanzar. Pero sí estamos trabajando con organismos multilaterales. La Agencia Francesa de Desarrollo ofreció 100 millones de euros de financiamiento a la provincia a 15 años, cinco de gracia más diez de amortización, con una tasa de interés muy por debajo de lo que se paga en el mercado. En todos los casos es para obras de infraestructura. Con la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial, estamos a la espera de mejore un poco la condición macro, pero está todo arreglado para un financiamiento de pavimentación urbana que pensamos ejecutar en las 363 localidades de la provincia. Esto es inédito. Nunca tuvimos un programa que alcanzara a todas con financiamiento externo.

—¿Esos créditos tienen que tener aprobación nacional?

—Estamos adheridos a la ley de responsabilidad fiscal de 2005 y eso supone que antes de tomar endeudamiento hay que contar con autorización de la Nación. Se toman como parámetros los servicios de la deuda con los ingresos de las provincias que deben ser como máximo del 15%. En Santa Fe esa relación es del 1,5%, es decir, cumple largamente con los requisitos. El incumplimiento de algunas jurisdicciones no es un tema menor porque le costó mucho a los santafesinos. Nuestra disciplina fiscal que nació mucho antes de la ley de 2005, llevó a que en determinado momento la Nación absorbiera, con recursos de todos los argentinos, incluso los santafesinos, la deuda de algunas provincias. Pasó en 2002 con el rescate de las cuasi monedas, pasó en 2010 con el Programa Federal de Desendeudamiento, y está pasando ahora que la Nación financia a algunas provincias con recursos de todos los argentinos y a las provincias que no tenemos deuda nos deja afuera de esos programas. Evidentemente santa fe es castigada por su disciplina fiscal.

—Lo que se dio con el presupuesto fue una negociación individual de las provincias a cambio de partidas cuando hasta ahora mantenían negociaciones multilaterales ¿El futuro marca negociaciones individuales? ¿Santa Fe va a ser castigada por no firmar la addenda?

—No puedo saber la dinámica del gobierno nacional en la negociación a futuro. Creo que es importante preservar ambos espacios de diálogo, porque hay problemáticas específicas de algunas pocas jurisdicciones, y hay temáticas comunes que requieren el multilateralismo, como la discusión del presupuesto. Quien define las reglas de juego es la Nación. Creemos que cuando se asumen compromisos escritos y no escritos se deben cumplir. Lamentablemente lo que venimos observando en los últimos tiempos es que no se cumplen los compromisos verbales y tampoco los escritos y firmados. El elemento con más prensa es el incumplimiento por el pago de la deuda que tenía fecha cierta (los últimos días Santa Fe le reclamó al gobierno la deuda actualizada por $ 100 mil millones y no descarta volver a la Corte Ndr). Pero no es el único. Por ejemplo, en septiembre el gobernador suscribió con el director ejecutivo de Ansés el convenio por el cual la Nación se compromete a pagar el déficit de la Caja de Jubilaciones de 2017. Son 3.600 millones de pesos. Eran 4.600 y 1.000 ya habían sido adelantado a cuenta el año pasado y el saldo recién ahora en septiembre de 2018, un año después, acordamos su pago. El convenio firmado vdecía que la primera cuota se pagaba automáticamente, y en todo este tiempo no se pagó. Las provincias que firmaron junto con nosotros hace un mes que cobraron. Otro ejemplo es la addenda, ya que la media sanción de Diputados lo que hace es poner en evidencia que la postura que defendimos desde Santa Fe fue acertada, porque nada de lo que está en la addenda se trasladó en esos términos al proyecto de presupuesto. Se hablaba de eliminar exenciones del impuesto a las ganancias de empleados públicos y eso no está en el presupuesto. Se hablaba del impuesto a las ganancias de las cooperativas, nos opusimos fuertemente, se eliminó. Con lo cual es distinto lo que salió en Diputados. En la addenda se hablaba de la eliminación de los subsidios al transporte. Se eliminan pero se generó esa partida adicional de 6.500 millones que no es lo que decía el consenso fiscal. Evidentemente, el consenso fiscal no fue un consenso, porque si lo hubiese sido, hubiese salido la aprobación legislativa en los mismos términos. No nos equivocamos al no firmar la addenda.

—¿Se equivocaron con firmar el de 2017?

—Estamos convencidos de que esa convocatoria fue positiva porque era necesario ordenar el esquema tributario subnacional. El espíritu del consenso iba o va en el sentido correcto. Entendemos que para Santa Fe era positivo tener un compromiso cierto de la Nación de acordar una deuda histórica. No puedo creer que me equivoqué porque creí que el otro firmante iba a cumplir. El incumplimiento no fue de Santa Fe, fue del gobierno nacional.

Discusión salarial

El ministro Gonzalo Saglione descartó la posibilidad de la reapertura de la discusión salarial con los empleados del sector público en función de la crítica situación económica pero, además, porque según indicó, porque la provincia y el conjunto de los santafesinos "hizo un esfuerzo importante para sostener el compromiso que asumimos en la negociación salarial de febrero de este año, respecto de la aplicación de la claúsula gatillo".

Según indicó el funcionario, esta situación constituye "un elemento distintivo" de Santa Fe respecto del resto de las provincias argentinas, donde "en la media nacional en donde los salarios de los trabajadores públicos fueron fuertemente afectados", agregó.

"No hay espacio para una modificación de los salarios por encima de lo que ya incorpora la cláusula gatillo", dijo enfático Saglione con la convicción además, de que presupuesto provincial del año próximo estará seriamente afectado por los recortes previstos a nivel nacional y la situación que vive la Argentina.

"Seguramente los gremios podrán conversar con los pares sus jurisdicciones y muchos les estarán diciendo «ojalá tuviéramos una paritaria como la de Santa Fe»", dijo el funcionari como un dato distintivo. (Fuente: La Capital)


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